El derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos en materia de asilo se basan en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de 1967 [1]. En conjunto, estos textos constituyen el principal marco jurídico mundial que regula la protección de toda persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país" [2]. El principio de no devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de 1951 y ampliamente reconocido como norma de derecho internacional consuetudinario, prohíbe la devolución de cualquier persona a un territorio en el que corra un riesgo real de persecución [3].

Aunque no figura explícitamente entre los motivos de persecución enunciados en la Convención de 1951, se ha ido teniendo progresivamente en cuenta la persecución por motivos de género gracias a las interpretaciones que incorporan las cuestiones relacionadas con el género y se basan en los marcos vigentes en materia de Derecho internacional de los derechos humanos [4]. Por lo general, el concepto de persecución por motivos de género se utiliza en el marco de lo que se interpreta como "pertenencia a un determinado grupo social", aunque las solicitudes también pueden estar basadas en la religión, las opiniones políticas u otros motivos previstos en la Convención, en función del contexto [5]. Se ha reconocido que las formas de persecución relacionadas con el género pueden ser susceptibles de infringir algunas disposiciones de la Convención [6] y comprenden la Violencia sexual (incluida la relacionada con los conflictos), la Violencia doméstica, la Mutilación genital femenina, el Matrimonio forzado, los denominados "crímenes de honor", la Esterilización forzada, las sanciones por transgresión de las costumbres sociales, así como la persecución debida a la orientación sexual o la identidad de género [7].

La Recomendación general nº 32 (2014) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) sobre la dimensión de género del estatuto de refugiado, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres ofrece un contexto para la evolución de la interpretación en el marco de los órganos de los tratados. En ella se precisa que, cuando el Estado tolera a sabiendas tales actos, se niega a ofrecer una protección efectiva o no es capaz de proporcionarla, la persecución por motivos de género puede justificar una solicitud de asilo, incluso cuando dicha persecución sea perpetrada por agentes no estatales, en particular por su pareja, sus familiares o su comunidad. Cuando la violencia o la persecución por motivos de género es perpetrada directamente por el Estado o sus agentes, la solicitud de asilo está claramente fundamentada en la Convención de 1951. Este marco, que se basa en la prohibición de la discriminación prevista en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Convención CEDAW) y en su norma sobre diligencia debida, ha proporcionado la base normativa a partir de la cual los instrumentos regionales han elaborado obligaciones más específicas y vinculantes [8]. Además, la recomendación indica que las formas de persecución relacionadas con el género son formas de persecución dirigidas contra las mujeres "porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada". La recomendación insta a los Estados a interpretar la definición de persona refugiada de la Convención de 1951 teniendo en cuenta las condiciones particulares de las mujeres, así como a utilizar la identidad de género como factor para reconocer la pertenencia de una persona refugiada a un grupo social concreto; establece, además, que la Convención CEDAW prohíbe a los Estados partes devolver a una mujer a un territorio en el que estaría expuesta a formas graves de persecución o violencia por motivos de género.

La Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011) establece en su artículo 60, un vínculo explícito entre la Violencia sexual (incluida la relacionada con los conflictos) y Violencia de género (VSG) y el derecho de asilo, al imponer la obligación a los Estados partes de velar por que la violencia contra las mujeres basada en el género pueda reconocerse como una forma de persecución en el sentido del artículo 1, A 2) de la Convención de 1951, a que se aplique una interpretación sensible con respecto al género a cada uno de los motivos de la Convención, y a que se establezcan procedimientos de acogida y procesos de determinación del derecho de asilo sensibles al género [9]. El artículo 61 prohíbe la devolución de las víctimas de violencia de género a cualquier país en el que su vida corra peligro o en el que corran el riesgo de ser sometidas a tortura o a tratos inhumanos o degradantes. En la Unión Europea, la Directiva de "calificación" en su versión refundida de 2011 ha conferido a estos principios fuerza jurídica vinculante, al exigir explícitamente que se tenga en cuenta el género en el marco de la evaluación de las solicitudes de asilo y de la identificación de grupos sociales específicos (artículos 4.3 c), 9.2 f) y 10.1 d)) [10]. Además, la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África (1969) amplía la definición de persona refugiada para incluir a las personas obligadas a huir debido a "una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público", una norma aplicable a los conflictos a gran escala y al deterioro del orden público, que puede incluir los desplazamientos en contextos en los que la violencia de género está generalizada, aunque la propia Convención no aborde específicamente el género.

Los importantes avances jurisprudenciales de los últimos años han reforzado el reconocimiento de la persecución por motivos de género en el marco del derecho de asilo.

En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias históricas en 2024, cada una de las cuales supuso un avance hacia un enfoque del asilo que tiene en cuenta las especificidades de género. En el caso WS contra la Agencia Estatal para los Refugiados dependiente del Consejo de Ministros (SAR) (C-621/21, 16 de enero de 2024), el Tribunal dictaminó que puede considerarse que las mujeres víctimas de violencia doméstica pertenecen a un "determinado grupo social" en el sentido del Derecho europeo en materia de asilo. El Tribunal precisó que el género es una característica innata que cumple el primer criterio de "pertenencia a un determinado grupo social", y que las mujeres en su conjunto pueden acogerse a la protección internacional, al igual que los grupos de mujeres que comparten una característica común adicional. La sentencia confirmó asimismo que el concepto de "daños graves" se refiere no solo a los actos cometidos por las autoridades públicas, sino también a los perpetrados por agentes no estatales, siempre que el Estado sea incapaz de ofrecer protección o se niegue a hacerlo. En el caso K y L contra el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad (C-646/21, 11 de junio de 2024), el Tribunal reconoció que las mujeres, inclusive las menores de edad, que se identifican con el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres pueden, en función de las condiciones que prevalezcan en su país de origen, pertenecer a un determinado grupo social susceptible de ser objeto de persecución, lo que constituye un motivo que justifica la concesión del estatuto de refugiado. Por último, en el caso AH y FN contra la Oficina Federal de Inmigración y Asilo (asuntos acumulados C-608/22 y C-609/22, 4 de octubre de 2024), el tribunal confirmó que, debido al carácter sistémico de las restricciones impuestas por el régimen talibán, podría considerarse que las mujeres afganas estaban expuestas a un riesgo general de persecución por motivos de género y nacionalidad, por lo que no siempre era necesaria una evaluación individualizada del riesgo con arreglo al procedimiento habitual.

En Australia, el Tribunal Supremo, en el asunto Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, contra Khawar (2002) HCA 14, admitió que las mujeres pakistaníes víctimas de violencia doméstica, en caso de incumplimiento por parte del Estado de su obligación de protección, podían ser consideradas un determinado grupo social en el sentido de la Convención de 1951 y, en el caso Solicitante S contra Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales (2004) HCA 25, el Tribunal definió un criterio flexible de doble vertiente para identificar a un determinado grupo social. En el Reino Unido, la Cámara de los Lores, en el caso Secretariado de Estado para el Ministerio del Interior contra Fornah (2006) UKHL 46, reconoció que las mujeres de Sierra Leona expuestas al riesgo de mutilación genital femenina podían constituir un determinado grupo social en el sentido de la Convención de 1951.

A pesar de estos avances, su aplicación continúa siendo extremadamente desigual. El reconocimiento de la persecución por motivos de género en el marco de la determinación de la condición de persona refugiada varía considerablemente de un Estado a otro, y las personas solicitantes de asilo por motivos relacionados con el género siguen enfrentándose a obstáculos estructurales, en particular garantías procesales insuficientes, prejuicios culturales entre los responsables de la toma de decisiones, prácticas de evaluación de la credibilidad que penalizan las revelaciones tardías, así como la ausencia de condiciones de acogida sensibles al género. Por otra parte, las mujeres solicitantes de asilo también corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género durante su desplazamiento, tránsito y reasentamiento, una realidad que exige a los Estados que incorporen enfoques sensibles al género no solo en el momento de la determinación de su situación, sino a lo largo de todos los procedimientos y servicios de asilo.